A 19 años del -21060-
Hacen 19 años en Bolivia se implanto una nueva ley... un modelo que marcaria de esa fecha para adelante todo un cambio en la politica, la economia, lo social de una patria que se hallaba, en ese momento, quiza en la etapa mas critica de la historia economia... 19 años despues del "21060" en Bolivia ya no hay mucho mas que destruir.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), elaboró un estudio de evaluación de los resultados de 19 años de aplicación del D.L. 21060, señalando que pese a que hizo más vulnerable al país y engendró pésimos resultados, el gobierno de Carlos Mesa mantiene la misma orientación en la política económica.
El 29 de agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro sustentado por el MNR, ADN y PDC, puso en ejecución el DL 21060 que dejó en la calle a miles de trabajadores mineros y de otros sectores. Determinó el cierre de Comibol e inventó el término relocalización para los mineros despedidos en una de las masacres blancas más grandes de la historia. Los miles de relocalizados de las minas se fueron a pisar coca al Chapare y los otros a cubrir los cinturones de pobreza en los barrios marginales de las principales ciudades del país.
El resultado ha estado en controversia enfrentando a quienes sostenían que el Estado estaba metido hasta en la sopa y quienes pretendían que el gobierno inclusive debería amasar el pan de cada día, para lo cual se había conseguido que algunos municipios contaran con hornos industriales propios.
El capitalismo de Estado perdió la pulseta y la iniciativa privada ganó espacio, pero a costa de postergar los intereses nacionales. En lugar de concebirse un sistema para fortalecer el capital privado nacional y profundizando la libertad de empresa y la iniciativa privada para que tengan garantías para trabajar y seguridad jurídica para sus inversiones y perspectivas, se apostó al capital internacional y el país se vio invadido por empresas transnacionales que se llevan lo que producen y dejan migajas para el país.
El resultado se lo puede sentir ahora con el desempleo abierto superior al 18%, mientras el 50 por ciento de los bolivianos que trabajan lo hacen en empleos de subsistencia agudizando los índices de pobreza.
A 19 años de la aplicación del 21060, el país coloca a más del 50% de los bolivianos en la informalidad y con los índices de desempleo más grandes de la historia.
Según la CEPAL, la flexibilización laboral, que es parte de las reformas estructurales y la globalización, propició el desempleo y la creación de empleos de mala calidad, que se refleja en la creciente expansión de la informalidad, el aumento de los empleos temporales y el alza de la proporción de trabajadores sin contrato.
El crecimiento del país en varias gestiones anteriores a 1985, había llegado hasta el 7%. Antes de los gobiernos militares y la UDP, el país tenía un crecimiento del 4.5%. Después de la capitalización y durante el gobierno de Banzer y Quiroga y Sánchez de Lozada, cayó a un crecimiento cero. Los últimos dos años apenas superó el 1% lo que muestra el fracaso del sistema.
Ni la acumulación en los últimos cinco años de mas de dos mil millones de dólares, producto de donaciones, créditos y condonación de la deuda externa, que forman parte de la proyección del HIPC, ha podido mitigar la crisis y, lamentablemente, todos los esfuerzos que se han realizado hasta ahora en la ejecución de medidas anticrisis, se han estrellado contra la cruda realidad que muestra los más altos niveles de pobreza de los últimos 20 años y la imposibilidad de acciones que permitan utilizar los recursos obtenidos de una manera eficiente.
Según el CEDLA, el país ha perdido su capacidad productiva, entregó su riqueza petrolera y gasífera a manos extranjeras, perdió fuentes de empleo, incrementó a rangos insostenibles el déficit fiscal y durante los 19 años no ha podido lograr un incremento sustancial en las recaudaciones e ingresos económicos y varios gobernantes se han dedicado a recortar el gasto, paralizando al país y aumentando el desempleo.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), elaboró un estudio de evaluación de los resultados de 19 años de aplicación del D.L. 21060, señalando que pese a que hizo más vulnerable al país y engendró pésimos resultados, el gobierno de Carlos Mesa mantiene la misma orientación en la política económica.
El 29 de agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro sustentado por el MNR, ADN y PDC, puso en ejecución el DL 21060 que dejó en la calle a miles de trabajadores mineros y de otros sectores. Determinó el cierre de Comibol e inventó el término relocalización para los mineros despedidos en una de las masacres blancas más grandes de la historia. Los miles de relocalizados de las minas se fueron a pisar coca al Chapare y los otros a cubrir los cinturones de pobreza en los barrios marginales de las principales ciudades del país.
El resultado ha estado en controversia enfrentando a quienes sostenían que el Estado estaba metido hasta en la sopa y quienes pretendían que el gobierno inclusive debería amasar el pan de cada día, para lo cual se había conseguido que algunos municipios contaran con hornos industriales propios.
El capitalismo de Estado perdió la pulseta y la iniciativa privada ganó espacio, pero a costa de postergar los intereses nacionales. En lugar de concebirse un sistema para fortalecer el capital privado nacional y profundizando la libertad de empresa y la iniciativa privada para que tengan garantías para trabajar y seguridad jurídica para sus inversiones y perspectivas, se apostó al capital internacional y el país se vio invadido por empresas transnacionales que se llevan lo que producen y dejan migajas para el país.
El resultado se lo puede sentir ahora con el desempleo abierto superior al 18%, mientras el 50 por ciento de los bolivianos que trabajan lo hacen en empleos de subsistencia agudizando los índices de pobreza.
A 19 años de la aplicación del 21060, el país coloca a más del 50% de los bolivianos en la informalidad y con los índices de desempleo más grandes de la historia.
Según la CEPAL, la flexibilización laboral, que es parte de las reformas estructurales y la globalización, propició el desempleo y la creación de empleos de mala calidad, que se refleja en la creciente expansión de la informalidad, el aumento de los empleos temporales y el alza de la proporción de trabajadores sin contrato.
El crecimiento del país en varias gestiones anteriores a 1985, había llegado hasta el 7%. Antes de los gobiernos militares y la UDP, el país tenía un crecimiento del 4.5%. Después de la capitalización y durante el gobierno de Banzer y Quiroga y Sánchez de Lozada, cayó a un crecimiento cero. Los últimos dos años apenas superó el 1% lo que muestra el fracaso del sistema.
Ni la acumulación en los últimos cinco años de mas de dos mil millones de dólares, producto de donaciones, créditos y condonación de la deuda externa, que forman parte de la proyección del HIPC, ha podido mitigar la crisis y, lamentablemente, todos los esfuerzos que se han realizado hasta ahora en la ejecución de medidas anticrisis, se han estrellado contra la cruda realidad que muestra los más altos niveles de pobreza de los últimos 20 años y la imposibilidad de acciones que permitan utilizar los recursos obtenidos de una manera eficiente.
Según el CEDLA, el país ha perdido su capacidad productiva, entregó su riqueza petrolera y gasífera a manos extranjeras, perdió fuentes de empleo, incrementó a rangos insostenibles el déficit fiscal y durante los 19 años no ha podido lograr un incremento sustancial en las recaudaciones e ingresos económicos y varios gobernantes se han dedicado a recortar el gasto, paralizando al país y aumentando el desempleo.
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