6 de agosto entre dudas y aciertos
Nos aproximamos a celebrar un aniversario más de la creación de la República de Bolivia. Y muy pocos analistas hubiesen podido imaginar lo que sucedería en el país en el transcurso del último año desde el 6 de agosto pasado. Bolivia ha cambiado en muchas de sus estructuras. Tanto la caída del ex presidente Sánchez de Lozada como la realización del referéndum vinculante sobre los hidrocarburos, son los hechos más sobresalientes.
La Bolivia de hoy es una Bolivia distinta, que camina a una mayor apertura del sistema político, y a la institucionalización de la participación ciudadana con muchos mecanismos nuevos como son: el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, las agrupaciones cívicas y los pueblos indígenas. Este escenario dará un matiz distinto a las próximas elecciones municipales, y a la realización de la futura Asamblea Constituyente.
Al mismo tiempo, quedan muchas cosas todavía pendientes de urgente resolución. Allí está el enorme desprestigio del que goza el Congreso Nacional y que se ha mostrado incapaz de solucionar fruto de la subordinación a los intereses partidarios, a un trabajo lento e ineficiente pese a los elevadísimos sueldos de sus integrantes, y a la utilización discrecional del poder. El mal funcionamiento del Congreso Nacional daña el régimen democrático y constituye una de sus principales enfermedades.
Otro tema pendiente es el del Poder Judicial. Bolivia carece de estructuras suficientes para administrar correctamente la justicia. Y un país sin justicia queda a merced de los que utilizan la fuerza y el dinero para imponer sus intereses, muchas veces delincuenciales. Un poder judicial sólido y una Policía Nacional profesional, son requisitos indispensables para una viabilidad democrática. El desamparo ciudadano frente a una delincuencia cada vez más profesional es una amenaza a la convivencia social. El corporatismo, el sectarismo, el regionalismo, la disgregación, son también graves problemas que destruyen la unidad nacional y toda posibilidad de un proyecto de país. En este escenario el propio Estado carece de autoridad para imponer políticas de largo alcance. Y con ello, se hacen inviables las políticas sociales tendientes a la redistribución de la riqueza, a la asistencia social a los más desfavorecidos, y a cualquier proceso de equidad. La heterogeneidad de Bolivia debe contribuir a fortalecer la unidad y no ser promotora de una división mayor. De igual forma, la participación ciudadana debe contribuir a una fiscalización mayor del ejercicio del poder y de la acción política en todas sus vertientes. Un ciudadano informado y participativo es esencial para un Estado fuerte.
Pese a todo, a éstos y a otros muchos problemas, Bolivia es un país viable y que se encamina a consolidar su democracia, a encontrar un vínculo social sólido, a construir cada vez más participativamente su destino. Así lo ha demostrado a lo largo de la historia delante de los conflictos más profundos. Bolivia es un país que puede demostrar al mundo que tiene una dignidad, un espacio y una palabra que decir.
La Bolivia de hoy es una Bolivia distinta, que camina a una mayor apertura del sistema político, y a la institucionalización de la participación ciudadana con muchos mecanismos nuevos como son: el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, las agrupaciones cívicas y los pueblos indígenas. Este escenario dará un matiz distinto a las próximas elecciones municipales, y a la realización de la futura Asamblea Constituyente.
Al mismo tiempo, quedan muchas cosas todavía pendientes de urgente resolución. Allí está el enorme desprestigio del que goza el Congreso Nacional y que se ha mostrado incapaz de solucionar fruto de la subordinación a los intereses partidarios, a un trabajo lento e ineficiente pese a los elevadísimos sueldos de sus integrantes, y a la utilización discrecional del poder. El mal funcionamiento del Congreso Nacional daña el régimen democrático y constituye una de sus principales enfermedades.
Otro tema pendiente es el del Poder Judicial. Bolivia carece de estructuras suficientes para administrar correctamente la justicia. Y un país sin justicia queda a merced de los que utilizan la fuerza y el dinero para imponer sus intereses, muchas veces delincuenciales. Un poder judicial sólido y una Policía Nacional profesional, son requisitos indispensables para una viabilidad democrática. El desamparo ciudadano frente a una delincuencia cada vez más profesional es una amenaza a la convivencia social. El corporatismo, el sectarismo, el regionalismo, la disgregación, son también graves problemas que destruyen la unidad nacional y toda posibilidad de un proyecto de país. En este escenario el propio Estado carece de autoridad para imponer políticas de largo alcance. Y con ello, se hacen inviables las políticas sociales tendientes a la redistribución de la riqueza, a la asistencia social a los más desfavorecidos, y a cualquier proceso de equidad. La heterogeneidad de Bolivia debe contribuir a fortalecer la unidad y no ser promotora de una división mayor. De igual forma, la participación ciudadana debe contribuir a una fiscalización mayor del ejercicio del poder y de la acción política en todas sus vertientes. Un ciudadano informado y participativo es esencial para un Estado fuerte.
Pese a todo, a éstos y a otros muchos problemas, Bolivia es un país viable y que se encamina a consolidar su democracia, a encontrar un vínculo social sólido, a construir cada vez más participativamente su destino. Así lo ha demostrado a lo largo de la historia delante de los conflictos más profundos. Bolivia es un país que puede demostrar al mundo que tiene una dignidad, un espacio y una palabra que decir.
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